Publicado el 21 noviembre de 2017 a las 18:24
El sector en España aportó durante 2016, 3.806 millones de euros de VAB y 1.415 millones de euros de contribución fiscal

 

 
MADRID – 21 de NOVIEMBRE DE 2017

La Asamblea de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), celebrada esta mañana en Madrid, ha hecho público un Informe Económico y Social sobre el sector de las bebidas refrescantes en España, presentado por Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Asimismo, el letrado Ignacio Astarloa, consultor del bufete Albiñana y Suarez Lezo, presentó y valoró los nuevos Estatutos de la organización.

En la Jornada, en la que también intervino el presidente de la Asociación, John Rigau, se puso de relieve que durante 2016 la comercialización de refrescos en España aportó 3.806 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), 71.190 empleos directos e indirectos y 1.415 millones de euros de contribución fiscal.

“La producción anual de bebidas refrescantes en España ronda los 4.400 millones de litros. Además del trabajo directo de fabricantes y marcas, existe un gran entramado industrial y social del que forman parte centenares de empresas”, indicó John Rigau.

Este efecto de arrastre, tiene su actor más relevante en la agricultura, con al aprovechamiento de materias primas como zumos y extractos y la remolacha; en el proceso de producción, además, intervienen la energía, el agua, el gas carbónico, aromas y otros aditivos; industrias del vidrio, del acero, el aluminio o el plástico, entre otras para envases o embalajes. Por cada empleo creado en la industria se generan otros siete de manera indirecta.

Un sector innovador y comprometido con la sociedad

Para Josep Puxeu, director general de la Asociación, “el sector destaca por su capacidad de innovación y lanzamiento de nuevos productos. Se pueden encontrar hasta 2.000 referencias en el mercado y se lanzan unas 150 novedades al año. La inversión en innovación está entre el 2 y el 4,5% de la facturación”.
Durante el 2017, las ventas en hostelería y los buenos datos del turismo han favorecido el sector de refrescantes que mantendrá su estabilidad al cierre del presente ejercicio, según las estimaciones previstas por Global Data. Las bebidas light crecen más de 4 puntos, destacando entre ellas la tónica (16%), el limón (11%) y la naranja (9%). Bebidas de té, para deportistas, energéticas y la tónica continúan mejorando sus ventas.

La Asociación, coincidiendo con su 40 aniversario, se ha dotado de nuevos Estatutos en los que destaca sobre todo lo demás un esfuerzo especial para comunicar con transparencia y una apuesta decidida por la interlocución más activa con todos los públicos que nos son más próximos, en especial administraciones y todas las fuentes de emisión informativa.

“Esto es muy novedoso ya que no conocemos otra organización de nuestras características en incluir en sus Estatutos la transparencia en las relaciones institucionales y nos adelantamos a la futura legislación española en esta materia”, apuntó Puxeu.

Impuesto a las bebidas refrescantes en Cataluña

El azúcar, y en especial el de las bebidas azucaradas, se han convertido en objeto de polémica, algo que contradice el principio de que la nutrición “no hay alimentos buenos ni malos sino dietas equilibradas o desequilibradas”. El azúcar está presente en multitud de alimentos, se trata de consumirlo con moderación.

El 1 de mayo entró en vigor un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas en Cataluña. Nuestro sector se manifestó, e insiste, en contra de este nuevo impuesto al considerarlo como discriminatorio y meramente recaudatorio. Es injusto gravar al azúcar y aún más hacerlo solo a determinados productos (bebidas) por contener este ingrediente.

Todas las organizaciones españolas de la cadena agroalimentaria, así como fabricantes y distribuidores, incluso organizaciones de consumidores, se han opuesto a este impuesto. El pasado 15 de noviembre anunciaron la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el reglamente del impuesto catalán, y han solicitado al gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.